Desaparecer por defender la tierra en Michoacán: los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz siguen sin volver

jueves 23 de abril de 2026

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Desaparecer por defender la tierra en Michoacán: los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz siguen sin volver.

Tres años después, la desaparición en Coahuayana del abogado Ricardo Lagunes y del líder indígena Antonio Díaz sigue sin resolverse en Michoacán, un estado donde más de 900 personas permanecen desaparecidas y donde, en paralelo, la violencia contra defensores del territorio escala entre asesinatos, amenazas y casos sin esclarecer.

Miércoles 22 de Abril de 2026

Por: animalpolitico.com

Foto: .Front Line Defenders

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Ciudad de México.- A tres años de su desaparición en Michoacán, el caso de los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz sigue atrapado en el mismo punto: sin rastro, sin respuestas de las autoridades, y sin pistas de su paradero. En un estado donde en 2025 se registraron 1,374 desapariciones —de las cuales 916, el 66 %, continúan vigentes y 48 personas fueron localizadas sin vida—, su historia se suma a un patrón que, al igual que en los casos recientes de ambientalistas asesinados en la entidad, se repite una y otra vez.

El 15 de enero de 2023, ambos salieron de una asamblea comunal en Aquila, Michoacán. Nunca volvieron.

“Lamentablemente, yo considero que estamos prácticamente en el mismo punto que hace tres años”, dice resignado Kevyan Díaz, hijo de Antonio, en entrevista telefónica con Animal Político.

“No hemos tenido ninguna información ni ninguna respuesta satisfactoria sobre qué fue de mi padre y de Ricardo. Seguimos igual”.

Hasta el momento, tres personas han sido detenidas y vinculadas a proceso, entre ellas un presunto líder criminal en la región. Pero los avances se detienen ahí. El paradero de ambos sigue siendo desconocido, que es lo más importante para las familias.

“No ha habido avances”, recalca Antoine Lagunes, hermano del abogado, también en entrevista con Animal Político. “El proceso judicial se ha ido retrasando… las audiencias se han suspendido y pospuesto… ni siquiera a nuestros asesores legales les han dado acceso total al expediente”.

De hecho, las tres personas detenidas se declararon inocentes. “Sin embargo —precisa Lagunes—, hay elementos que los vinculan: peritos independientes que han revisado parte del expediente concluyen que sí estuvieron ese día en la asamblea, que siguieron a Ricardo y a Antonio hasta el lugar donde fueron vistos por última vez —un supermercado—, y que ahí mismo se encontraron sus teléfonos. Es decir, hay evidencia de su presencia y participación”.

Aunque la investigación ministerial tampoco ha respondido con claridad sobre el móvil de la desaparición, ésta ocurrió en un contexto marcado por disputas económicas, control territorial y presencia del crimen organizado en el corredor que va de Aquila hacia el estado vecino de Colima, con fuerte presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ambos acompañaban a la comunidad indígena de Aquila en la defensa de sus derechos frente a intereses vinculados a la explotación minera y a la representación comunal.

Antonio Díaz, profesor indígena nahua, había dedicado su vida a su comunidad. “Yo siempre digo que él era completamente hijo de la educación pública… sentía que tenía que devolverle algo a su gente y por eso defendía a la comunidad”, recuerda su hijo.

Ricardo Lagunes, por su parte, era un abogado de derechos humanos con trayectoria en distintas luchas indígenas del país. En Aquila, acompañaba procesos legales para que la comunidad pudiera elegir a sus representantes y recuperar el control sobre los recursos derivados de la minería frente a un grupo minoritario que aglutinaba las decisiones.

Ese trabajo, coinciden sus familias, los colocó en la mira.

“Mi hermano sabía que había riesgo porque lo que estaba en juego era mucho dinero”, explica Antoine. “Había corrupción, intereses cruzados entre autoridades locales, la minera y el crimen organizado”. Un cóctel explosivo para el que no hay protección, ni de las autoridades federales. De hecho, Ricardo Lagunes llevaba unos tres años con medidas del Mecanismo federal de Protección para periodistas y activistas. Pero de nada sirvió.

La noche de su desaparición, la camioneta en la que viajaban fue encontrada. Sus pertenencias estaban dentro. Pero ellos no.

La noticia llegó horas después, de golpe. “Mi papá me llamó para decirme que habían encontrado la camioneta de Ricardo con impactos de bala y rastros de sangre”, recuerda Antoine.

Del otro lado, Kevyan Díaz recibió la confirmación con retraso y rodeos: “casi a las 12 del día me volvió a llamar un familiar y me dijo: ‘Mijo, no te lo queríamos decir, pero desde anoche encontraron la camioneta de Ricardo y de tu papá baleada…’ Ahí fue cuando me enteré de esta situación”.

Desde entonces, las irregularidades han marcado el caso: cámaras de vigilancia que no funcionaban ese día, retrasos en la entrega de información, búsquedas tardías y una investigación que, según las familias, avanza sin claridad.

“Recuerdo que en una reunión con autoridades nos dijeron que no podían salir a buscar porque no tenían chalecos antibalas”, relata Antoine.

A tres años, las búsquedas en campo siguen sin arrojar pistas del paradero de los activistas.

Al menos 20 defensores desaparecidos en Michoacán
En la misma región Sierra-Costa de Michoacán, el indígena nahua Lorenzo Froylán de la Cruz, integrante de la Guardia Comunal de Santa María Ostula, fue desaparecido el 1 de agosto de 2023 y localizado sin vida apenas nueve días después.

Años antes, entre 2010 y 2013, al menos cinco comuneros de Ostula desaparecieron en medio de la disputa por la recuperación de tierras y el control territorial; y en 2011, tres habitantes de la comunidad purépecha de Cherán —que defendían el bosque frente a la tala ilegal— también fueron desaparecidos, en hechos que detonaron el levantamiento comunitario y la instauración de su sistema de autogobierno.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán documenta que, en las últimas décadas, al menos 20 defensores del territorio han sido desaparecidos en el estado y cerca de 50 han sido asesinados por su labor, principalmente en contextos de defensa de bosques, tierras y autonomía comunitaria.

Mientras tanto, la violencia contra quienes defienden el territorio no cesa. En los últimos días, el asesinato de los activistas ambientales Roberto Chávez y Lázaro Mendoza en Michoacán ha vuelto a encender las alertas sobre el riesgo que enfrentan.

Para una persona activista del Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán —consultada por Animal Político—, estos casos son parte de una problemática que lleva años repitiéndose: “cualquier oposición a los intereses que se expresan a través del crimen genera miedo”, advierte el activista. “Y eso también está propiciando que se planteen alternativas ciudadanas frente a la inacción del Estado”.

Los datos refuerzan esa lectura. El informe más reciente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó en 2025 al menos 135 eventos de agresión contra personas defensoras del medio ambiente y 314 agresiones específicas, en un contexto donde la violencia no disminuye, sino que muta: cada vez más ataques adoptan la forma de criminalización, estigmatización o procesos legales.

El riesgo, advierte el organismo, es “muy alto”.

Aun así, el discurso oficial se mantiene en disputa. El gobierno de México rechazó recientemente el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, al considerar que omite avances logrados desde 2018.

Para las familias, sin embargo, la realidad es otra.

“Confirma que ser defensor de derechos humanos o del territorio en México te puede costar la vida o la desaparición”, dice Antoine. “Hay una crisis enorme… el problema es la impunidad”.