La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se ha convertido en uno de los primeros grandes dolores de cabeza políticos para la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante la campaña presidencial, la entonces candidata de Morena prometió revisar los efectos de la reforma al ISSSTE de 2007, abrir espacios de diálogo con el magisterio y atender una serie de demandas históricas relacionadas con jubilaciones y pensiones.
Aquellas promesas fueron recibidas con entusiasmo por miles de maestros que durante años han sostenido que las modificaciones al sistema pensionario afectaron sus derechos laborales.
Sin embargo, una vez terminado el proceso electoral, el gobierno comenzó a descubrir una realidad que suele aparecer después de las campañas: prometer es relativamente sencillo; pagar las promesas es mucho más complicado.
Desde hace meses la CNTE mantiene una presión constante sobre el gobierno federal para que se reviertan aspectos fundamentales de la reforma de 2007 y se restablezcan condiciones de retiro más favorables para los trabajadores de la educación. Desde la perspectiva de los docentes, la exigencia parece legítima.
Muchos consideran que el esquema de cuentas individuales redujo sus expectativas de jubilación y trasladó riesgos que antes asumía el Estado.
El problema es que detrás de esa demanda existe una pregunta que pocas veces aparece en los discursos oficiales: ¿cuánto costaría realmente cumplir con todo lo que se está pidiendo?
La respuesta es tan incómoda como reveladora.
Diversos especialistas y centros de análisis han advertido que una reversión amplia de los efectos de la reforma al ISSSTE podría representar compromisos financieros acumulados de entre seis y ocho billones de pesos durante las próximas décadas.
Tan sólo el impacto anual podría superar los 200 mil millones de pesos adicionales para las finanzas públicas.
Estamos hablando de cantidades que equivalen a varios presupuestos completos de secretarías federales y que superarían ampliamente la capacidad de maniobra de cualquier gobierno. El dinero necesario para financiar esas obligaciones tendría que salir de algún lugar.
Tendría que provenir de nuevos impuestos, de una mayor deuda pública o de recortes importantes en sectores como salud, educación, infraestructura y seguridad.
Sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad ha explicado con claridad cómo podría absorberse una carga financiera de semejante magnitud sin afectar otras áreas prioritarias del país.
El gobierno escucha, dialoga, negocia y promete, pero evita presentar las cuentas completas.
Y es precisamente ahí donde la discusión deja de ser un asunto exclusivo del magisterio para convertirse en un problema nacional.
Porque la presión ya no proviene únicamente de la CNTE.
Jubilados de distintos organismos públicos, trabajadores del Estado, sindicatos y beneficiarios de diversos regímenes especiales también exigen mejoras, restituciones o la conservación de beneficios que fueron adquiridos bajo reglas distintas a las actuales.
Cada grupo tiene razones legítimas para defender sus derechos. El problema aparece cuando todas esas demandas se acumulan sobre un presupuesto que tiene límites muy concretos.
La reciente negociación entre Pemex y asociaciones de jubilados volvió a demostrarlo. Aunque el acuerdo alcanzado para mantener pagos de pensiones con un límite de hasta 134 mil 290 pesos mensuales ocupó los titulares, en realidad el caso petrolero es apenas una muestra de una situación mucho más amplia. Lo relevante no es únicamente lo que ocurre en Pemex, sino el hecho de que cada sector presiona para preservar beneficios mientras la capacidad financiera del Estado enfrenta una tensión creciente.
Durante años, los gobiernos mexicanos encontraron en las pensiones una herramienta política perfecta.
Prometer beneficios futuros siempre fue más sencillo que explicar cómo se pagarían décadas después. Ninguna administración quiso asumir el costo político de enfrentar el problema de fondo.
Era más rentable electoralmente ofrecer soluciones inmediatas que advertir sobre los riesgos financieros del largo plazo.
Hoy esa factura comienza a llegar y amenaza con convertirse en uno de los mayores desafíos para las finanzas públicas nacionales.
Actualmente México destina más de 1.6 billones de pesos al pago de pensiones contributivas del IMSS, ISSSTE, Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Esa cifra equivale aproximadamente al 4.8 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y representa cerca del 17 por ciento de todo el gasto público federal.
Dicho de otra manera, casi uno de cada cinco pesos que gasta el gobierno mexicano termina destinado al pago de pensiones.
La situación adquiere una dimensión todavía mayor cuando se suman los programas de apoyo para adultos mayores y otros esquemas relacionados con la población de la tercera edad.
Diversos especialistas estiman que la presión total asociada al gasto pensionario supera ya el 6 por ciento del PIB nacional.
Se trata de una carga gigantesca para una economía que enfrenta bajos niveles de crecimiento, una inversión insuficiente y una demanda creciente de servicios públicos.
Mientras las obligaciones pensionarias continúan aumentando, hospitales públicos enfrentan escasez de medicamentos, escuelas requieren mantenimiento urgente, universidades reclaman mayores recursos y miles de kilómetros de carreteras muestran un deterioro evidente. La pregunta resulta inevitable: ¿cuántas obras, programas e inversiones dejan de realizarse porque una parte creciente del presupuesto ya está comprometida antes incluso de comenzar el año fiscal?
El problema se agrava por razones demográficas. Cuando muchos de los sistemas pensionarios mexicanos fueron diseñados, existían entre doce y quince trabajadores activos financiando a cada pensionado. Bajo esas condiciones era relativamente sencillo sostener beneficios generosos.
Hoy la realidad es completamente distinta.
En el caso del IMSS, la relación ronda apenas tres trabajadores activos por cada pensionado y las proyecciones indican que continuará deteriorándose conforme la población envejece.
Eso significa que cada vez menos personas sostienen una carga cada vez más pesada. La ecuación es sencilla de entender y extremadamente difícil de resolver. Más jubilados requieren mayores recursos, mientras una base relativamente menor de trabajadores debe financiar esas obligaciones mediante cuotas, contribuciones e impuestos.
Ningún sistema financiero puede ignorar indefinidamente una tendencia de esa naturaleza.
Y es aquí donde aparece uno de los temas más incómodos para cualquier gobierno: las llamadas pensiones doradas.
Durante décadas se construyeron regímenes especiales que permitieron a determinados sectores acceder a beneficios extraordinarios financiados directa o indirectamente con recursos públicos.
Mientras millones de mexicanos trabajan en la informalidad, carecen de seguridad social o apenas aspiran a una jubilación modesta, existen pensiones que superan ampliamente los cien mil pesos mensuales.
El acuerdo alcanzado recientemente con jubilados petroleros volvió a colocar esa realidad bajo los reflectores. Nadie puede negar la existencia de derechos adquiridos ni la obligación legal del Estado de respetarlos. Sin embargo, también resulta imposible ignorar que una pensión superior a los 134 mil pesos mensuales contrasta brutalmente con la situación de millones de trabajadores que jamás alcanzarán ingresos similares durante toda su vida laboral.
La contradicción política es evidente. El gobierno construyó gran parte de su narrativa sobre la eliminación de privilegios, la austeridad republicana y el combate a los excesos heredados del pasado. Sin embargo, cuando esos privilegios cuentan con respaldo sindical, protección jurídica o capacidad de presión política, el discurso suele transformarse rápidamente en negociación. Se condenan los privilegios en los discursos, pero se administran en la práctica.
Lo más preocupante es que la presión apenas comienza. Las demandas de la CNTE, los reclamos de jubilados de distintos organismos públicos y las exigencias de múltiples sindicatos representan sólo una muestra de lo que podría intensificarse durante los próximos años. Cada grupo considera legítima su causa. Todos exigen respuestas. Pero la suma de todas las demandas genera una presión financiera que ningún gobierno ha querido dimensionar públicamente.
De acuerdo con diversos análisis económicos, entre 2020 y 2025 el gasto en pensiones contributivas creció cerca de 29 por ciento en términos reales. Durante ese mismo periodo, la economía mexicana avanzó a un ritmo considerablemente menor. En otras palabras, las obligaciones pensionarias crecen mucho más rápido que la capacidad del país para financiarlas.
Esa diferencia constituye una de las principales señales de alerta para las finanzas públicas.
La administración federal insiste en proyectar una imagen de estabilidad económica y fortaleza financiera. Sin embargo, los datos muestran una realidad mucho menos cómoda.
El déficit público se ha incrementado, la deuda continúa creciendo y el margen disponible para nuevas inversiones se reduce año tras año. En ese contexto, asumir obligaciones pensionarias adicionales sin una fuente clara de financiamiento representa una apuesta particularmente riesgosa.
Lo más llamativo es la ausencia de una discusión seria y transparente sobre el tema.
Los políticos prefieren hablar de elecciones, soberanía, reformas constitucionales o confrontaciones partidistas antes que explicar cómo se sostendrá un sistema pensionario sometido a una presión creciente. Nadie quiere asumir el costo político de decir que el dinero tiene límites.
Nadie quiere reconocer que cada nueva concesión implica recursos que deberán salir de los impuestos de futuras generaciones.
La situación también plantea un problema de equidad generacional. Millones de jóvenes mexicanos probablemente enfrentarán condiciones de retiro mucho menos favorables que las generaciones anteriores.
Muchos dependerán de cuentas individuales insuficientes, de ahorros personales limitados o de programas asistenciales.
Sin embargo, serán ellos quienes financien mediante impuestos sistemas que ofrecen beneficios considerablemente superiores a los que ellos mismos podrán recibir.
Durante décadas la política mexicana privilegió la rentabilidad electoral sobre la responsabilidad fiscal. Se prometieron beneficios sin analizar plenamente sus consecuencias. Se construyeron esquemas generosos sin garantizar mecanismos sostenibles de financiamiento. Se prefirió ganar elecciones antes que resolver problemas estructurales. Hoy las consecuencias de esas decisiones comienzan a hacerse visibles.
El caso de la CNTE, las negociaciones con jubilados y la discusión sobre las pensiones doradas son únicamente distintas expresiones de un mismo fenómeno: un Estado que prometió más de lo que puede sostener y una clase política que sigue evitando las decisiones difíciles. El problema ya no es ideológico. Es matemático. Y las matemáticas suelen ser mucho más implacables que los discursos.
México necesita una discusión honesta sobre el futuro de su sistema pensionario. Una discusión que respete derechos adquiridos, pero que también reconozca los límites financieros del Estado. Una discusión que analice con seriedad el impacto de las pensiones doradas, el envejecimiento de la población, la caída en la proporción de trabajadores activos por pensionado y el crecimiento acelerado de obligaciones que ya consumen una parte sustancial del presupuesto nacional.
Porque el verdadero problema no es cuánto recibe un jubilado específico ni quién gana una negociación con el gobierno. El verdadero problema es que las cuentas no dejan de crecer mientras los recursos son limitados. Y como ocurre siempre en economía, tarde o temprano llega el momento en que los números terminan imponiéndose sobre las promesas. La pregunta ya no es si México tendrá que enfrentar esta realidad. La pregunta es cuánto más crecerá la factura antes de que alguien tenga el valor político de reconocer que el sistema necesita cambios profundos.
Porque las promesas pueden ganar elecciones, pero las matemáticas son las que terminan gobernando los presupuestos. |
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