De Veracruz al mundo
Admite ministra Ortiz recurso contra Fondo de Pensiones para el Bienestar.
El pasado 14 de junio, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, turnó a Loretta Ortiz la acción de inconstitucionalidad para que analizara si se admitía o no.
Martes 25 de Junio de 2024
Por: La Jornada
Ciudad de México.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, admitió este martes a trámite la acción de inconstitucionalidad 116/2024 promovida por diputados federales del PAN, PRI y PRD en contra de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En estrados de la Corte de este 25 de junio, se informó de la decisión de la ministra, con lo que tendrá que hacer un proyecto de resolución para someterlo al Pleno de la Corte. Al momento, Ortiz Ahlf no se ha pronunciado sobre si concederá o no la suspensión solicitada por los legisladores dentro de la acción de inconstitucionalidad.

“Vistos el escrito y anexos de quienes se ostentan como Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión, mediante los cuales promueven acción de inconstitucionalidad. Se tiene por presentados a los promoventes con la personalidad que ostentan, y se admite a trámite la acción de inconstitucionalidad que hacen valer. Se habilitan días y horas que se requieran para llevar a cabo la notificación de este proveído”, señala el extracto del acuerdo.

El pasado 14 de junio, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, turnó a Loretta Ortiz la acción de inconstitucionalidad para que analizara si se admitía o no.

Los legisladores de oposición presentaron la acción de inconstitucionalidad en mayo pasado, con el propósito de evitar que el Ejecutivo federal creara el fondo y tome el control de al menos 40 mil millones de pesos de cuentas de afores no reclamadas por los trabajadores para ser parte de las fuentes de financiamiento del fondo.

El pasado 1 de mayo fue publicado el decreto presidencial que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, constituido como un fideicomiso público administrado por el Banco de México y que usará el gobierno federal para complementar a partir de julio próximo las pensiones de los trabajadores cuyo monto de jubilación sea menor o igual al salario promedio mensual (17 mil 431.4 pesos) de los empleados registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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