De Veracruz al mundo
Inhabilitan por 20 años a extitular de SSP y por 10 a tres ex funcionarios de SEDESOL estatal.
El TRIJAEV aplicó un procedimiento de responsabilidad administrativa a los funcionarios por las faltas administrativas graves que contemplan desvío de recursos y abuso de funciones de los ex funcionarios panistas.
Domingo 18 de Agosto de 2024
Por: REDACCION GOBERNANTES
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XALAPA.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TRIJAEV) –órgano creado durante la actual administración estatal de Morena y cuyos magistrados fueron designados por la mayoría morenista en el Congreso local – inhabilitó por 20 años a Jaime Téllez Marie, ex secretario de Seguridad Pública en el bienio del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, y por 10 años a tres ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, cuando estuvo a cargo de Indira Rosales San Román. El TRIJAEV aplicó un procedimiento de responsabilidad administrativa a los funcionarios por las faltas administrativas graves que contemplan desvío de recursos y abuso de funciones de los ex funcionarios panistas. En el primer caso, los acusados tendrán que pagar el daño causado por el mal uso del recurso destinado para las cámaras de seguridad que nunca se adquirieron ni se instalaron en varios puntos de la entidad. Entre los señalados por el Tribunal de Justicia Administrativa también se encuentran Eduardo Vargas Sánchez, ex director general de Coordinación para el Combate a la Pobreza; María José María Mañez, ex jefa de la Unidad Administrativa y José Isaac Burgos Villar, ex director jurídico, todos de la SEDESOL estatal. El TRIJAEV destacó el caso de simulación de un servicio que supuestamente contrataron, sin embargo, no hubo evidencia de que así haya ocurrido. A los tres funcionarios de la SEDESOL, quienes trabajaron bajo el mando de Indira Rosales San Román, ex Secretaria de Desarrollo Social, les aplicó una inhabilitación por 10 años, lo que significa que durante una década no podrán desempeñar ningún tipo de cargo o comisión, tampoco podrán participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas. De igual forma, tendrán que reparar el daño patrimonial, por lo que deberán realizar un pago de indemnización de 4 millones 771 mil 574 pesos de manera proporcional, es decir, de acuerdo a la participación que tuvieron porque no cumplieron con la normatividad para llevar a cabo las licitaciones. Así las cosas.

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