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XALAPA.- A pesar de que dijeron contar con los documentos que acreditan cuatro hectáreas como de su propiedad, un grupo de pobladores del municipio de Ixtaczoquitlán denunció haber sido intimidado por la policía municipal por órdenes del alcalde de Morena, Nahúm Álvarez Pellico, cuando llevaban a cabo el desalojo de un terreno en disputa. De acuerdo con los inconformes, se trata del terreno ubicado en la calle Sur 4, entre las calles 2 y 4 Poniente. Los afectados señalaron que la noche del jueves 24 de octubre llegaron al sitio elementos de la Policía Municipal para amedrentarlos y obligarlos a salir del lugar, junto con personal de la Dirección de Obras Públicas; sin embargo, los desalojados sostuvieron que los policías no presentaron ninguna orden judicial para ingresar al predio que, según les comentaron, el alcalde compró por 12 millones de pesos. “Nosotros ya tenemos las escrituras de un predio y están por salir las del otro. Él nos citó para dialogar, pero no estuvo presente, sólo su representante. Cuando ellos llegaron quisimos hablar con él. Me sorprende que está actuando de esta manera, cuando nosotros tenemos papeles”, afirmó un inconforme. Por su parte, el ayuntamiento emitió un comunicado donde confirmó que personal del ayuntamiento acudió a un predio ubicado en la calle sur 4, entre calles 2 y 4 poniente, para realizar la delimitación de un terreno propiedad del municipio. Según la versión del alcalde, se trata de un terreno de más de 4 mil metros cuadrados, del cual, el ayuntamiento ostenta escrituras que lo acreditan como legítimo propietario. Sin embargo, se informó que será a través de la orden de un juez que dictamine lo conducente, luego de presentar las pruebas y determinar quiénes incurren en el delito de invasión de propiedad. “Al lugar, arribaron un grupo de inconformes indicando que viven ahí, manifestando haber adquirido la propiedad, pero sin presentar ningún tipo de documento, escritura o contrato de compraventa que respalde esa versión”, aseguraron. Las autoridades municipales negaron que se hayan violentado los derechos o las garantías individuales de ninguna de las personas quejosas, negando que hayan hecho uso de la fuerza pública, por parte de elementos de la policía municipal, como se les acusó.
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