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Por incendio en Waldo’s, fiscalía de Sonora imputa a ocho personas y a una empresa.
La diligencia judicial inició a las 9:30 horas del martes y concluyó a las 03:20 de la madrugada, tiempo durante el cual el Ministerio Público expuso una imputación diferenciada por los delitos de homicidio culposo, aborto, lesiones y daños, además de uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal.
Miércoles 14 de Enero de 2026
Por: La Jornada
Foto: .Cristina Gómez Lima
Hermosillo, Son.- Tras casi 18 horas de audiencia ininterrumpida, la fiscalía de Sonora informó la imputación penal contra ocho personas físicas y una persona moral por su probable responsabilidad en el incendio ocurrido en la tienda Waldo’s de Hermosillo, un siniestro que cobró la vida de 24 personas, además de un bebé en estado de gestación, 12 lesionadas y graves daños materiales.

La diligencia judicial inició a las 9:30 horas del martes y concluyó a las 03:20 de la madrugada, tiempo durante el cual el Ministerio Público expuso una imputación diferenciada por los delitos de homicidio culposo, aborto, lesiones y daños, además de uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal.

La comparecencia incluyó tanto a particulares como a la empresa titular del establecimiento, representada legalmente ante el juzgado.

Al término de la audiencia, el juez de control resolvió imponer medidas cautelares distintas a la prisión preventiva para la mayoría de los imputados, al considerar acreditado su arraigo, la presentación voluntaria ante la autoridad judicial, la inexistencia de riesgo para las víctimas y la ausencia de peligro de obstaculización del proceso.

Las medidas dictadas consisten en la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad, la exhibición de una garantía económica y la prohibición de salir del ámbito territorial fijado por el juzgador.

Así mismo, el juez determinó un trato procesal distinto para José Luis “N”, representante legal de la persona moral, a quien se le atribuye haber realizado trámites ante autoridades municipales utilizando presuntamente documentos falsos para la obtención de permisos, además de omisiones relevantes en su deber de supervisión.

Por estos hechos, el juzgador ordenó prisión preventiva justificada; sin embargo, la medida no pudo ejecutarse debido a que el imputado cuenta con una suspensión de amparo vigente.

A través de un comunicado, la fiscalía de Sonora informó que combatirá dicha resolución para que el acusado enfrente su proceso en prisión.

“Ante tales circunstancias, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), realiza las acciones correspondientes para llevar ante los tribunales, tanto a quienes cuentan con un amparo como a aquellos evadidos a fin de que enfrenten la acción de la justicia y respondan ante las víctimas”, señaló en un comunicado.

Tras la imputación, las defensas solicitaron la ampliación del plazo constitucional a 144 horas, periodo en el que el juez deberá resolver la vinculación formal a proceso.

La próxima audiencia quedó programada para el 19 de enero. El caso mantiene abiertas varias líneas procesales. Tres personas más con órdenes de aprehensión ya ejecutadas, deberán comparecer el próximo 29 de enero.

Además, otras 12 personas judicializadas permanecen amparadas, en espera de ser citadas a audiencia de formulación de imputación, mientras que dos más continúan evadidas de la acción de la justicia.

El pasado 24 de diciembre, un total de 25 personas fueron imputadas por homicidio culposo, lesiones culposas e incumplimiento de un deber legal, entre ellas funcionarios y ex funcionarios municipales y estatales, así como personal vinculado a la empresa.

De acuerdo con la investigación ministerial, el caso involucra a funcionarios y ex funcionarios estatales y municipales, así como a personal relacionado con la empresa, por presuntas fallas en inspecciones, autorizaciones y verificaciones en materia de seguridad y protección civil.

Los peritajes técnicos integrados al expediente analizan, entre otros puntos, la posible explosión de un transformador eléctrico al interior del inmueble y la presunta falsificación de documentos oficiales que habrían permitido la operación de la tienda en condiciones de riesgo

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