De Veracruz al mundo
Denuncia esposa de defensor de derechos humanos detenido en Orizaba actos de hostigamiento e intimidación .
De acuerdo con la agraviada, los hechos se intensificaron luego de que el abogado Israel Calvacorro hiciera pública la detención del activista, señalando presuntas irregularidades en el proceso judicial que derivó en su aseguramiento.
Viernes 23 de Enero de 2026
Por: REDACCION GOBERNANTES
Foto: .
XALAPA.- A poco más de 24 horas de la detención de su cónyuge, sujeto a prisión preventiva en Orizaba, la esposa del defensor de derechos humanos Marco Ángelo “N” denunció una serie de actos de hostigamiento e intimidación en su contra. De acuerdo con la agraviada, los hechos se intensificaron luego de que el abogado Israel Calvacorro hiciera pública la detención del activista, señalando presuntas irregularidades en el proceso judicial que derivó en su aseguramiento. Refirió que el pasado jueves, al arribar a su vivienda ubicada en la ciudad de Orizaba, se percató que el medidor de energía eléctrica había sido retirado, provocando la suspensión total del servicio, pese a que en el inmueble reside también un menor de edad. “Es un acto que no tiene justificación alguna y que afecta directamente a una familia que ya se encuentra en una situación de vulnerabilidad”, aseguró la defensa, al advertir que el corte del suministro ocurrió sin previo aviso ni notificación oficial. A esta situación se suma la presencia constante de un dron que ha sido visto sobrevolando las inmediaciones del domicilio, lo que, según la denunciante, ha generado temor y una percepción permanente de vigilancia. De igual forma, el equipo legal de Marco Ángelo "N" reiteró el llamado a la fiscal general del Estado para que revise el actuar de la jueza que lleva el caso, quien ordenó la detención y dictó prisión preventiva, pese a la existencia de un amparo vigente. “Desde nuestra perspectiva, el amparo debía impedir la ejecución de esta medida; aun así, se procedió con la detención”, señaló el abogado defensor, quien insistió en que existen inconsistencias graves en la resolución judicial. También se han señalado presuntas irregularidades en la integración de la carpeta de investigación, atribuibles al fiscal Pedro Lara Canela y a la fiscal de distrito, lo que podría configurar violaciones al debido proceso.

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