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XALAPA.- De acuerdo con el informe Aborto: de la despenalización al acceso, elaborado por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, en Veracruz el acceso a la interrupción del embarazo por causa de violación enfrentaría limitaciones en la práctica médica, pese a que la legislación estatal no establece un límite de semanas de gestación para estos casos. El documento advierte que, aunque la normativa permite realizar la interrupción voluntaria del embarazo sin restricción temporal cuando el embarazo es resultado de una violación, en algunos servicios de salud se estaría aplicando en la práctica el mismo límite de 12 semanas previsto para los casos en los que no se invoca una causal legal. La investigación señala que esta situación no solo se registró en Veracruz, sino también en entidades como Ciudad de México y Michoacán. Testimonios recabados indican que personal médico restringe la atención a los primeros tres meses de gestación, incluso cuando existe una causal legal que permite el procedimiento después de ese periodo. “Sin embargo, pese a que normativamente la IVE debe poder realizarse sin límite de semanas (…) algunas personas entrevistadas señalaron limitaciones en la atención por la causal de violación, debido a que cierto personal médico solo realiza abortos hasta la semana 12, independientemente de la causa legal que los justifique”, aseguró el informe. En Veracruz, desde 2021, la interrupción del embarazo es legal hasta las 12 semanas de gestación cuando no se invoca una causal. Sin embargo, la legislación contempla supuestos en los que el procedimiento puede practicarse sin límite de tiempo, entre ellos cuando el embarazo deriva de una violación, cuando existe riesgo para la salud de la mujer o cuando se detectan malformaciones graves del feto. El informe señala que negar o condicionar el procedimiento por el número de semanas en casos de violación contraviene lo permitido por la normativa vigente. El documento también identifica factores que podrían explicar la persistencia de estas barreras en la atención. Entre ellos menciona decisiones individuales del personal médico, confusión respecto al marco legal aplicable, falta de conocimiento técnico para atender embarazos en etapas más avanzadas y limitaciones en el primer nivel de atención. “Entre las razones se mencionaron decisiones individuales del personal, confusión con el marco legal, falta de conocimiento técnico sobre edades gestacionales más avanzadas o la falta de herramientas en el primer nivel de atención”, refiere el informe. La investigación concluye que la existencia de disposiciones legales que permiten la interrupción del embarazo no necesariamente garantiza el acceso efectivo al servicio. Señala que la despenalización o las causales previstas en la ley pueden resultar insuficientes si en los servicios de salud persisten interpretaciones restrictivas o limitaciones operativas que dificultan realizar el procedimiento en los términos permitidos por la normativa. Así las cosas.
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