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| Vigilar el uso correcto de los recursos, la otra tarea para 2027: contralor del INE. | ||||||
| Aunque apenas se está calculando la magnitud del megaproceso 2026-2027, especialistas –como Francisco Rojas Choza– señalan que en 2027 estarán en juego simultáneamente 18 mil 930 cargos, más los 800 de juzgadores federales. | ||||||
| Sábado 09 de Mayo de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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“Cada contrato incide en la confianza pública”, advirtió durante la reunión Minuto a minuto: Elecciones concurrentes 2027, en la que participaron consejeros y funcionarios del INE, así como de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), sobre todo para hablar de los procesos concurrentes, cuando en un mismo domingo se celebran votaciones locales y federales. Aunque apenas se está calculando la magnitud del megaproceso 2026-2027, especialistas –como Francisco Rojas Choza– señalan que en 2027 estarán en juego simultáneamente 18 mil 930 cargos, más los 800 de juzgadores federales. En ese contexto, Carvente, titular del Órgano Interno de Control del INE, subrayó que no sólo se debe cuidar la organización electoral específica, sino también la tarea administrativa, “justamente para el correcto uso de los recursos públicos”. Afirmó que en los procesos democráticos los contratos son una condición operativa indispensable para que las votaciones puedan realizarse con oportunidad, certeza, legalidad y eficacia, por lo que hablar de las contrataciones públicas es reconocer que no se trata sólo de un asunto burocrático. Frente a consejeros y la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, responsable de la conducción administrativa y jurídica del INE, señaló que detrás de cada jornada electoral existe una cadena amplia de bienes, servicios y decisiones institucionales que deben articularse de manera precisa, a manera de que los sistemas, la logística, la capacitación y la difusión dependan de compras debidamente planeados, sustentados y documentados. Por ello –añadió–, los órganos electorales tienen una doble responsabilidad: garantizar la organización de los procesos democráticos y ejercer recursos públicos conforme a los principios constitucionales, sobre todo transparencia y honradez. Esta doble naturaleza impone un estándar alto de actuación, porque cada contratación no únicamente atiende a una necesidad institucional, sino también incide en la confianza pública”, advirtió. Hizo énfasis en la importancia de planear las compras; sustentarlas con investigaciones de mercado y con un correcto proceso de contratación. Concluyó que la función del OIC es acompañar, revisar, advertir, emitir alertas y detectar inconsistencias antes de que se conviertan en irregularidades. |
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