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XALAPA.- Los problemas sociales generados por temas ambientales no dan tregua al gobierno de la Cuatroté. Y es que, la construcción de una terminal marítima de gas LP con capacidad para almacenar alrededor de 360 mil barriles mantiene abierto un conflicto jurídico entre la empresa Gas de Calidad y organizaciones civiles que buscan detener el proyecto mediante recursos legales relacionados con impacto ambiental y uso de suelo. Mientras la compañía sostuvo que conserva vigentes todas las autorizaciones para continuar la obra, habitantes y colectivos afirmaron que existen resoluciones judiciales que obligan a suspender los trabajos mientras se resuelven los procedimientos de fondo. El diferendo se concentra en la existencia y alcance de medidas emitidas por órganos jurisdiccionales federales. Gas de Calidad aseguró que no ha sido notificada de ninguna suspensión provisional o definitiva que le impida continuar con la construcción de la terminal, considerada uno de los proyectos energéticos más relevantes en desarrollo dentro de la zona portuaria de Tuxpan. La empresa señaló que mantiene vigentes los permisos federales, estatales y municipales requeridos para la ejecución del proyecto, incluyendo autorizaciones ambientales, marítimas, de seguridad industrial y de uso de suelo. A través de un posicionamiento, Gas de Calidad rechazó las acusaciones de desacato promovidas por opositores al proyecto. La empresa señaló que la terminal fue sometida a procedimientos regulatorios que incluyeron Manifestación de Impacto Ambiental, Estudio de Riesgo Ambiental y Evaluación de Impacto Social. De acuerdo con la empresa, las autoridades analizaron los posibles efectos de la obra antes de emitir las autorizaciones correspondientes. También afirmó que la Secretaría de Energía determinó que el proyecto no requería una consulta indígena. Opositores exhiben amparo y medida cautelar para detener la construcción. La Asociación Pueblos y Comunidades de Tuxpan, A.C., junto con habitantes inconformes con la obra, expuso una interpretación distinta de los expedientes judiciales. De acuerdo con los promoventes, el magistrado Luis Alfredo Mora Villagómez, integrante de la Primera Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitió el 6 de mayo una medida cautelar para detener totalmente la construcción. Los opositores también señalaron que desde 2025 obtuvieron una suspensión dentro del juicio de amparo 408/2025, relacionado con la licencia de uso de suelo DGDUOT/1586/2024. Ambas resoluciones, manifestaron, continúan produciendo efectos jurídicos y obligan a paralizar las obras mientras se resuelve el litigio. Uso de suelo y protección ambiental concentran el fondo del litigio. Más allá de la discusión sobre suspensiones y medidas cautelares, el conflicto se centra en la ubicación de la terminal. Los promoventes argumentaron que el proyecto se desarrolla en una zona que el Programa de Desarrollo Urbano de Tuxpan clasifica como Reserva Turística, Aprovechamiento Ecoturístico y Reserva Ecológica Productiva. El señalamiento forma parte de los recursos legales presentados contra la obra y constituye uno de los principales puntos que deberán analizar las autoridades jurisdiccionales para determinar si el desarrollo puede continuar bajo las condiciones actualmente autorizadas. Así las cosas.
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